Indulto o “autoindulto”

El Tribunal supremo se opone a “perdonar” a los presos del procés

Andrea Agut, Castellón

El Tribunal supremo ha entregado al gobierno un informe sobre la perspectiva negativa que el poder judicial español mantiene sobre los indultos a los presos del procés. La tormenta perfecta se ha cernido sobre un gobierno que entre sus propias filas ya marcado ciertas discrepancias. Una tormenta que no cesa sobre Pedro Sánchez, y que alienta la sincronía entre la derecha y la extrema derecha, que describen la escasa determinación del presidente del Gobierno como “lo peor que se ha visto en democracia”.

El Tribunal Supremo ha dado por hecho que de “perdonar” las sentencias de los catalanes independentistas, el gobierno habría culminado con una estrategia basada en el “autoindulto”. Según los mismos jueces, esta actuación tendría como finalidad su propia supervivencia al frente de la nación, puesto que, el apoyo de ERC es fundamental para la viabilidad de la gobernanza de Sánchez.

Sin embargo, no es pura coincidencia que en el mismo panorama político el PP se niegue a renovar el Consejo General del Poder Judicial y que la Sala de lo Penal española esté formada y presidida por profesionales afines a la propaganda de las derechas. Una coincidencia que, gracias al asunto de los posibles indultados ha cobrado más solidez que nunca, porque no es muy común que el órgano judicial ofrezca valoraciones políticas y especule sobre una decisión que atañe solamente al ejecutivo.

Esta situación remonta a unos cuantos a la legalización del Partido Comunista (PCE) en una España que veía con perplejidad el enfrentamiento entre Suárez y el Poder Judicial. Aunque en esta época convulsa el Tribunal Supremo terminó lavándose las manos, la lectura del informe sobre los indultos del TS no hay huellas de acuerdos o condiciones políticas que permitan un apoyo entre poderes una vez el Gobierno tome una decisión. Más bien, este documento tiende a la advertencia, a la voluntad de que lo penal sea la “verdad incontestable” y que los beneficios constitucionales que puede aportar una decisión encauzada hacia el otro lado no puedan ser contemplados bajo la ley.

Este desequilibrio entre los dos poderes sólo empeora una crisis en las instituciones que cada vez hace más amovible el acuerdo y el diálogo político. Un hecho que no cesa desde hace demasiado tiempo y del que se alimenta una ultraderecha que cada vez es menos consecuente con su creciente influencia ciudadana. La apertura a la negociación y la voluntad de convivencia no debe ser confundida por un atentado contra la independencia judicial de España.